Panamá, martes 27 de enero de 2009 La Prensa
PRIVATIZACIÓN DE LOS PUERTOS
Herrera, en nueva polémica
http://www.prensa.com/politica/Herrera-nueva-polemica_0_2485251790.html
Antes de firmar el contrato de concesión con la empresa See Buy & Sail Company, el 16 de mayo de 1996, era público que se privatizarían los puertos.
SANTIAGO FASCETTO
UNIDAD DE INVESTIGACIÓN
sfascetto@prensa.com
El día que Hugo Torrijos, en nombre de la antigua Autoridad Portuaria Nacional, firmó el contrato con la empresa See Buy & Sail Company (hoy High Class Construction Company Inc) ya se había anunciado que se privatizarían los puertos de Balboa y Cristóbal.
Torrijos firmó el contrato con la hoy empresa de Balbina Herrera el 16 de mayo de 1996. Y el propio Torrijos publicó un artículo pagado en los medios –seis meses antes– anunciando que se había iniciado el proceso para privatizar los puertos. En otras palabras: Torrijos, actual asesor de la campaña de Herrera, firmó el contrato con High Class Construction Company sabiendo que iba a ser cancelado en pocos meses. “A esa empresa se le había dado el contrato cuando se sabía que se iba a privatizar el puerto”, confirmó ayer Raúl Hernández, ex presidente de la junta directiva de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP).
El contrato tenía una cláusula que habilitaba a la empresa a reclamar una indemnización por la cancelación anticipada de este.
“Lo que más me llamaba la atención era que se pedían indemnizaciones, pero la mayoría de las empresas perdía plata”, dijo ayer en W Radio, Hernádez quien asumió la presidencia de la AMP en mayo de 1998.
Reveló que, en su gestión, en dos ocasiones Herrera fue a su oficina para exigirle que se indemnizara a todas las empresas por igual. Y que pidió que cada una “cobre 2 millones de dólares”.
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POLÉMICA por indemnización QUE COBRÓ UNA EMPRESA DE LA CANDIDATA PRESIDENCIAL POR EL PRD
Herrera niega favoritismo
Oposición cuestiona los nexos con el Gobierno. La candidata presidencial sostiene que el pago de más de medio millón de dólares es ‘justo’.
| HERENCIA. Al inicio de sus operaciones, la empresa que recibió la indemnización por parte del Gobierno era de Mohamed Lafi Hamdan, antigua pareja de la ex ministra de Vivienda. LA PRENSA/Gabriel Rodriguez1153266 |
JOSÉ GONZÁLEZ PINILLA
SANTIAGO FASCETTO
panorama@prensa.com
La candidata presidencial del oficialismo, Balbina Herrera, negó ayer algún tipo de favoritismo por el pago de 573 mil 202 dólares que realizó la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) a una de sus empresas el 3 de diciembre de 2008.
Herrera dijo que la indemnización que recibió una de sus empresas, High Class Construction Company Inc, es “justa” porque desde hace nueve años está involucrada en un proceso legal que terminó con un fallo de la Corte Suprema de Justicia el 20 de julio de 2001.
“Mis abogados estuvieron por nueve años trabajando duro para poder que se lograra. Esto refleja el problema de la administración de justicia”, dijo.
De acuerdo con la AMP, el pago se realizó por la anulación del contrato de concesión que tenía See Buy & Sail Company –ahora High Class Construction Company Inc– en el puerto de Cristóbal y que quedó sin efecto cuando el Estado le entregó en concesión a Panama Port los puertos de Balboa y Cristóbal, en 1997.
Pero no solo esa empresa quedó fuera del negocio con la llegada de Panama Port: otras 28 sociedades debieron suspender sus operaciones y pidieron recibir indemnización, pero no cobraron ni un dólar, pues –según la AMP– no presentaron el reclamo en el plazo fijado.
“No hay nada pecaminoso. De haber querido hacer algo incorrecto, no lo hubiese hecho público en mi declaración de bienes”, agregó la candidata.
High Class Construction Company vendía mercaderías varias, en dos locales del puerto de Cristóbal (Colón), y al inicio de sus actividades su cara visible era el ex esposo de Herrera, Mohamed Lafi Hamdan.
La oposición, por su parte, criticó el pago de más de medio millón de dólares que se le realizó el Gobierno a Herrera en plena campaña electoral. “Con el regalo de medio millón de dólares hecho por la AMP a Balbina Herrera, entendemos por qué los políticos del PRD entran pobres al Gobierno y salen millonarios”, cuestionó Roberto Henríquez, vicepresidente de Cambio Democrático (CD).
Henríquez criticó el hecho de que el Gobierno solo le pagó a dos empresas –una de ellas la de la candidata oficialista– cuando en realidad otras 28 sociedades debieron cancelar su contrato de concesión con la llegada de Panama Port.
“Es una vergüenza que no hay dinero para los jubilados ni para escuelas ni hospitales, pero el PRD se sigue repartiendo el producto de nuestros impuestos entre su cúpula”, amplió Henríquez.
La empresa operó la mayor parte de su tiempo con números rojos: durante 1996 arrojó pérdidas, y solo en los cinco meses de 1997 que pudo operar –antes de la cancelación de su contrato– ganó dinero. Herrera insistió, mediante un comunicado, que “tuvo que esperar con mucha paciencia” el cobro de los 573 mil 202 dólares. Y agregó que se sometió al proceso de cobro “al igual que cualquier panameño”.
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2 feb 2009 La Prensa
INDEMNIZACIONES TRAS LA PRIVATIZACIÓN DE LOS PUERTOS DE BALBOA Y CRISTÓBAL
El ‘interés’ por un fallo judicial
Cuando era diputada, Balbina Herrera envió una carta a la presidenta de la Corte Suprema para pedir celeridad en una causa que afectaba a su familia.
| Durante su gestión, la empresa See Buy & Sail Company obtuvo la concesión portuaria, a pesar de que ya se había anunciado la privatización. 1155394 |
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SANTIAGO FASCETTO
UNIDAD DE INVESTIGACIÓN
sfascetto@prensa.com
La carta transita por la delgada línea que separa a dos poderes del Estado: el Legislativo y el Judicial. En el primer párrafo se lee: “Como es de su conocimiento tengo interés en una controversia jurídica, por motivos de una demanda que pretende desconocer derechos que legítimamente nos corresponden”.
Y luego continúa: “Con profunda preocupación, he observado el trámite jurídico, que por más de un año, está afectando a 15 empresarios panameños…”.
Los párrafos pertenecen a una carta con membrete oficial de la Asamblea Legislativa que envió, el 21 de noviembre de 2000, la entonces diputada Balbina Herrera a la ex presidenta de la Corte Suprema Mirtza Franceschi de Aguilera.
¿Por qué Herrera tenía “interés” en una controversia jurídica? La respuesta, quizá, sea una sola: uno de los 15 empresarios panameños afectados que mencionaba Herrera en su carta era su ex pareja Mohamed Lafi Hamdan.
Lafi Hamdan, en aquel momento, estaba a la espera de un fallo de la Corte Suprema que ratificara el cobro de una indemnización por la cancelación de la concesión que tenía su empresa, See Buy & Sail S.A. (hoy High Class Construction Company), en el puerto de Cristóbal y que quedó nula cuando el Estado le entregó en concesión los puertos a Panama Port, en 1997.
“En mi calidad de ciudadana, deseo que el asunto jurídico que afecta a mi familia sea tramitado de conformidad y con fundamento en los principios de economía procesal que señala la Constitución Política”, reclamaba Herrera en otro párrafo.
Esa no fue la primera vez que la actual candidata presidencial por el Partido Revolucionario Democrático (PRD) intercedió a favor de la empresa de su entonces esposo: el ex presidente de la junta directiva de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) Raúl Hernández dijo el martes pasado que en 1998 –en dos ocasiones–, Herrera llegó a su despacho para exigir que la AMP indemnizara a todas las empresas que debieron suspender sus operaciones tras la llegada de Panama Port.
Hubo, meses después, otro intento de Herrera de interceder por la empresa de su entonces esposo: el sábado 3 de septiembre de 1999, Herrera y el presidente de la Comisión de Hacienda de la Asamblea Nacional, Manuel De la Hoz, convocaron a una reunión para apoyar el pago de las indemnizaciones.
Según información periodística, Herrera “habló en activa defensa de los concesionarios”. Eso sí, hubo un “detalle” que pasaron por alto los legisladores: todos los miembros de la comisión tenían el mandato vencido por la renovación del poder legislativo dos días antes.
El fallo
El proceso judicial al que se refería Herrera en su carta culminó con un fallo de la Sala Tercera de la Corte Suprema, el 20 de julio de 2001. Cuatro meses antes de esa decisión, el 23 de abril de 2001, Lafi Hamdan le transfirió mediante escritura pública a Herrera el derecho a cobrar esa indemnización del Estado.
O, mejor: cuando salió el fallo de la Corte Suprema, la entonces diputada Herrera era propietaria del derecho a cobrar el dinero.
El diputado panameñista José Blandón calificó de “trafico de influencias” la intervención en el proceso de la candidata presidencial por el PRD.
El legislador dijo, además, que Herrera tenía prohibido por la Constitución Política hacer negocios con el Estado. Según el artículo 158 de la Carta Política “los diputados no podrán hacer por sí mismos, ni por interpuestas personas, contrato alguno con Órganos del Estado o con instituciones o empresas vinculadas a este, ni admitir a nadie poder para gestionar negocios ante esos Órganos, instituciones o empresas”.
“Hay un conflicto de intereses: ella está reclamando como diputada que el Estado indemnice a una empresa en la que tiene interés directo”, opinó Blandón.
El abogado de Herrera, José Alberto Álvarez, rechazó la acusación: dijo que Lafi Hamdan firmó el contrato con el Estado antes de casarse con la candidata oficialista.
Tras el fallo de la Corte Suprema, en 2001, Herrera cobró 180 mil 188 dólares por las “mejoras realizadas” a los dos locales que tenía en concesión la empresa de su ex esposo. Y, el 3 de diciembre de 2008, el gobierno del presidente Martín Torrijos le pagó otros 537 mil 202 dólares en concepto de “ganancias futuras”.
¿Cómo una concesión otorgada en 1996 a su ex pareja terminó beneficiando a Herrera? La historia es larga e involucra a dos gobiernos del mismo signo político.
El 16 de mayo de 1996, el gobierno de Ernesto Pérez Balladares, a través de la desaparecida Autoridad Portuaria Nacional (hoy AMP), le entregó una concesión de dos locales de 622 metros cuadrados –en el puerto de Cristóbal– a la empresa See Buy & Sail Company (hoy High Class Construction Company).
El encargado de firmar el contrato fue Hugo Torrijos, actual asesor de la campaña de Herrera, quien le entregó la concesión por 10 años a la empresa, a pesar de que él mismo había hecho público ocho meses antes, por los medios, que el Gobierno privatizaría los puertos.
En otras palabras: la concesión por una década a See Buy & Sail Company se contradecía con el propio anuncio del Ejecutivo. Y, al final, el anuncio se convirtió en realidad: en 1997 Panama Port se hacía cargo del manejo de las terminales portuarias de Balboa y Cristóbal.
Por eso, la empresa del ex esposo de Herrera no pudo ni siquiera despegar: en 1996 dio pérdidas, y solo durante los primeros cinco meses de 1997 ganó dinero.
Igual no se quedó de brazos cruzados: See Buy & Sail Company reclamó ante el Estado la indemnización que le correspondía por contrato. En un principio, se calcularon las “utilidades no percibidas” de esa empresa, solo contando los meses que ganó dinero. Ese “cálculo” arrojó que la empresa debía recibir 669 mil 737 dólares.
Sin embargo, no llegó a cobrar esa cifra porque la nueva inquilina del Palacio de las Garzas, Mireya Moscoso, presentó una demanda ante la Corte Suprema, quien al final ratificó el pago pero obligó a la AMP a volver a calcular el monto, incluyendo los meses en que la empresa perdió dinero.
El nuevo cálculo arrojó otra cifra: 573 mil 202 dólares, dinero que cobró Herrera el 3 de diciembre de 2008, convirtiéndose así en la beneficiaria de toda la indemnización.
- Herrera no recuerda la carta
La candidata presidencial por el oficialismo, Balbina Herrera, dijo no recordar la carta que envió el 21 de noviembre de 2000 a la presidenta de la Corte Suprema para reclamar “celeridad” en la causa que involucraba a su ex esposo. “No recuerda la carta”, dijo ayer su abogado José Alberto Álvarez. Este diario entregó, el viernes pasado, una copia de la carta al abogado de Herrera para que esta diera su versión de los hechos, pero la candidata oficialista dijo no recordar el escrito.
Álvarez reiteró que el pago de la indemnización se realizó tras un fallo de la Corte Suprema en 2001.
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