Los exportadores panameños aún no asimilan la noticia que recibieron esta semana. A partir del próximo año quedarán en desventaja para competir en su segundo mercado más importante: la Unión Europea.

Para ellos es inexplicable cómo el olvido de un funcionario público llevó a que Panamá perdiera el Sistema Generalizado de Preferencias (SGP), un mecanismo de ayuda que otorga la Unión Europea para países en vía de desarrollo, a través de la exoneración de aranceles.

Un simple trámite que debió hacerse antes del 31 de octubre nunca se hizo, y Panamá quedó como el único país que no logró la renovación del SPG. Cuando las autoridades panameñas reaccionaron, ya habían pasado seis días. Tras ello, le pidieron al sector privado guardar silencio prometiendo que solucionarían el problema a nivel diplomático, pero la estrategia no dio resultados.

Una delegación, integrada por el vicecanciller Ricardo Durán; el viceministro de Comercio Exterior Severo Sousa y la asesora externa de la cancillería Yavel Francis, viajó a Bruselas la semana pasada, pero regresó con las manos vacías.

Nadie habla de responsables y sanciones, aunque se conoce que todo debió empezar por la embajada panameña en Bruselas, a cargo de Pablo Garrido, hermano de la candidata presidencial Balbina Herrera.

Ahora todo es incertidumbre y cálculos de las pérdidas que están por venir.

Los más afectados son los melones, sandías, pescados, camarones, zapallos y jugos de frutas que perderán la exoneración fiscal.

Francisco Antúnez, presidente de la empresa Comexa, dijo que ya está haciendo contactos con sus clientes en Europa para tratar de encontrar una salida, pero que el tema es complicado. “Los contratos de venta están en peligro”, dijo Antúnez.

En igual condición está el resto de los agroexportadores no tradicionales. El 65% de la facturación en la agroexportación depende del mercado de la Unión Europea. Eso representa 7 mil 500 contenedores valorados en 12 mil dólares cada uno.

Para los agroexportadores la situación se complica, porque en enero empieza la etapa fuerte de la actividad.

En el sector de la pesca el panorama es igual de trágico. La Asociación Panameña de Productores, Procesadores y Exportadores de Productos del Mar (Appexmar) indicó que el 90% de la tilapia pescada en el lago Bayano es exportado hasta ahora al mercado europeo, a través del beneficio del SGP. Unas 11 mil 500 familias dependen de esta actividad.

Sumando el atún y el resto de los pescados, la actividad representa unos 80 millones de dólares anuales.

Valerio de Sanctis, presidente de Appexmar, indicó que el mercado europeo es de vital importancia porque ayuda a balancear al sector cuando las ventas en Estados Unidos sufren caídas.

“Nos pueden sacar del baile”, dijo Máximo Gallardo, presidente de la Asociación Panameña de Exportadores (Apex), al manifestar su preocupación por el problema. Dijo que su empresa Proluxsa también se verá afectada por la pérdida del SGP, ya que exporta enlatados de jugo a Francia.

Los requisitos

De acuerdo con el Ministerio de Comercio e Industrias, Panamá cumplía con todos los requisitos para que se le extendiera el SGP, pero acepta que se falló en el trámite. Entre los requisitos están: ratificación de los 27 convenios de las Naciones Unidas, los convenios de la Organización Internacional del Trabajo sobre derechos humanos y laborales, y convenios internacionales sobre medio ambiente y buen gobierno.

UN SOCIO IMPORTANTE

81

Es el número de líneas arancelarias que Panamá exporta a la Unión Europea.

33.2%

Es lo que representan las compras de la Unión Europea dentro del total de las exportaciones panameñas.

40%

De toda la producción local de sandía y melón es consumido en Europa.

El Gobierno publicó ayer un comunicado en el cual expresa su rechazo por la decisión de la Comisión Europea (CE), que no incluyó a Panamá en el listado de países beneficiarios del programa del sistema generalizado de preferencias (SGP) que regirá desde enero de 2009.

Algunos representantes de la oposición dijeron que el Gobierno intenta zafarse de la irresponsabilidad de un funcionario que no presentó a tiempo la documentación necesaria para que Panamá continuare recibiendo los beneficios de exoneración arancelaria, denominado SGP, que otorga la CE a países en vías de desarrollo.

Tras el comunicado del Gobierno, publicado ayer en varios medios impresos, la diputada del Molirena Marylín Vallarino afirmó que pedirá la destitución del embajador de Panamá en Bruselas, Pablo Garrido, hermano de la candidata perredista Balbina Herrera.

VEA Gobierno busca salida a negligencia arancelaria

El caso de negligencia en el Gobierno que llevó a que Panamá perdiera por dos años las preferencias arancelarias con la Unión Europea, está cerrado para el Ministerio de Relaciones Exteriores y Comercio e Industrias.

“No hay nada más que hablar del asunto”, afirma el Gobierno, aunque las pérdidas para los exportadores y las arcas del Estado superarán los $27 millones.

Por este caso, el 19 de febrero pasado se notificaron cuatro destituciones que fueron el resultado de una “auditoría especial” realizada –según el Gobierno– para dar con los culpables del descuido.

La Cancillería dijo que la destitución de Jorge Eduardo Ruiz como agregado cultural de la Embajada de Bruselas estaba vinculada con el error comercial.

El Ministerio de Comercio e Industrias (Mici), en tanto, evitó hacer acusaciones directas y solo emitió un comunicado el mismo día que la Cancillería, para anunciar dos renuncias y el cese de funciones de Elia Marelisa Tribaldos, consejera jurídica y jefa de Gabinete de la institución. La dirección de Comunicaciones del Mici solo dijo que esto era parte de la auditoría sobre el Sistema Generalizado de Preferencias Plus (SGP+), sin dar mayores detalles.

Documentación y correos electrónicos que ha podido recopilar este diario permiten concluir que los funcionarios despedidos no tuvieron vinculación con el ‘descuido’, y que los verdaderos responsables son funcionarios de alto mando que han escapado de las sanciones y continúan en sus puestos de trabajo.

De los funcionarios señalados –que ya no laboran en las instituciones–, ninguno ocupaba cargo de alta jerarquía ni tenía la responsabilidad directa de atender la renovación del SGP+.

Pruebas de los hechos

Documentos, cartas y correos electrónicos revelan cómo falló la burocracia panameña en un tema de gran importancia comercial.

El 18 de agosto, en una comunicación electrónica, la oficina de la Comisión Europea (CE) en Costa Rica advirtió a la ministra de Comercio de turno, Carmen Gisela Vergara, de que Panamá debía pedir la renovación de las preferencias.

También ha quedado constancia de que la Embajada en Bruselas envió el fax a Panamá el 28 de agosto con la advertencia, luego que la CE se lo notificara seis días antes. Nada más se supo. El 31 de octubre llegó la fecha límite para solicitar la renovación de las preferencias, y en el Mici y la Cancillería esto había pasado por alto.

Ese mismo día, la ministra Vergara y el jefe de negociaciones comerciales, Leroy Sheffer, trataron, aprisa, de redactar el documento que sustentaba la solicitud de renovación del SGP+. Solo quedó registro de la carta DMN-1492-08 firmada por Vergara, pero que nunca fue enviada a Bruselas.

Tras las discusiones entre el Mici y la Cancillería, pasaron casi 17 días. Un intercambio de correos electrónicos entre la Embajada de Bruselas y Elmer Miranda, director de Relaciones Económicas de la Cancillería, revela que para el 11 de noviembre Panamá aún no había llegado con su solicitud a Europa.

“Es necesario que informen lo antes posible hasta cuándo se nos extenderá el plazo para entregar la información solicitada. El Mici está preparando la respuesta y es posible tenerla esta semana. Sin embargo, sería positivo que se pueda conseguir una dispensa del plazo lo más amplia posible”, dijo Miranda en el correo.

No fue hasta el lunes 17 de noviembre que llegó la solicitud a Bruselas por la compañía de mensajería Fedex (ver documento 5).

Una excusa sin fundamento

El 2 de diciembre de 2008 viajó a Bruselas una primera misión encabezada por el vicecanciller Ricardo Durán; el viceministro de Comercio Exterior, Severo Sousa; y Yavel Francis, asistente del Canciller, para tratar de conseguir que Panamá no quedara fuera del SGP+.

La misión llegó con tono de exigencia, algo que causó un poco de malestar entre las autoridades europeas.

La excusa utilizada para tratar de explicar el descuido fue que las “torrenciales lluvias” que afectaron las regiones productoras”, mantenían al Gobierno distraído.

El argumento de la misión liderada por Durán y su asesora Francis, hoy embajadora en la ONU, fue inventado, ya que las “torrenciales lluvias” a que se referían fueron el 22 de noviembre, mucho después de la fecha límite del SGP+.

La Comisión Europea (CE) fue clara al decir que no podía hacer excepciones con Panamá, ya que el SGP+ podría verse envuelto en litigios de la OMC. El 12 de diciembre la CE emitió la nueva lista de beneficiarios, y Panamá estaba excluida.

El 10 de febrero de 2009 el canciller panameño, Samuel Lewis Navarro, viajó a Bruselas con la misma misión: recuperar el SGP+. La respuesta fue la misma. Incluso Benita Ferrero-Waldner, comisaria de Relaciones Exteriores, advirtió que recibiría a Lewis Navarro pero no para hablar del SGP+.

Al término del viaje, el Gobierno intentó alterar el resultado señalando que se había logrado restablecer el SGP+ para julio de 2010 y que se habían logrado $25 millones en ayuda por este problema.

Lo cierto es que 2010 es la fecha que fijó el reglamento del SGP+, y la ayuda económica era una reorientación del programa de cooperación previamente aprobado

Informe fue una farsa olímpica

Revisando caso por caso, este diario pudo hallar incongruencias y argumentos falsos en este proceso.

Jorge Ruiz fue el primer funcionario destituido por este caso en la Embajada de Bruselas. Pero la documentación recopilada no refleja que esta persona haya tenido responsabilidad en el caso.

Cuando la Unión Europea (UE) notifica a la embajada panameña, el 22 de agosto de 2008, el tema es asignado a Enrique Victoria, encargado de los temas comerciales en la misión diplomática (ver documento 1).

Para ese entonces el embajador, Pablo Garrido, hermano de la candidata oficialista Balbina Herrera, estaba de vacaciones.

Ruíz, encargado de la embajada en ese entonces, sólo firmó la carta EPBE/323/08 redactada por Victoria, que notificaba al vice-canciller Ricardo Durán; al director de Relaciones Económicas, Elmer Miranda; y al director de Política Exterior, Javier Bonaga, de que se debía hacer una nueva solicitud del SGP+ antes del 31 de octubre (ver documento 2).

La Cancillería se reitera, hasta esta fecha, en que esa carta nunca llegó el 28 de agosto de 2008 a Panamá, sino el 6 de noviembre. Pero ahora surgen documentos que desmienten esa aseveración, entre ellos el reporte de confirmación del fax de la Embajada en Bruselas que certifica que la nota había llegado a la Cancillería (ver documento 3).

También el 14 de diciembre, el embajador Garrido le envía la nota EPBE/473/08 al canciller Samuel Lewis Navarro donde le reitera que la nota de aviso se envió a Panamá el 28 de agosto al vicecanciller Durán, con copia a dos de sus directores. Incluso Garrido le pide al Canciller que lo autorice a aclarar el tema públicamente porque se estaba afectando la candidatura de su hermana (ver documento 4).

Ruiz dijo a este diario que 3 minutos después del envío de la carta, el Canciller llamó al embajador Garrido y le ordenó “desaparecer” la nota.

Al igual que en Cancillería, en el Mici las destituciones hechas parecen no tener sustento. El comunicado de la institución insinuaba que Kelvia Hidalgo y Mabel Del Cid habían presentado su renuncia admitiendo responsabilidad en el error. En el caso de Tribaldos, se informó que se había ordenado el cese de sus funciones. Pero la realidad fue otra. Documen obtenidos indica que Hidalgo, quien tenía el cargo de secretaria de Carmen G. Vergara cuando fue ministra de Comercio, técnicamente ya no estaba en la institución porque se había acogido a vacaciones acumuladas y días compensatorios, es decir casi hasta el final de este gobierno.

En el caso de la renuncia de Mabel Del Cid, para la fecha en que se anunciaron los despidos y renuncias ella tampoco era funcionaria permanente de la institución. Del Cid había sido trasladada del cargo de directora de Exportaciones para dar apoyo en el programa Impulso Panamá desde el 25 de septiembre a través de la resolución No. 626, antes del problema del SGP+.

Del Cid puso su cargo a disposición el 2 de diciembre a causa de su traslado. La nueva ministra de Comercio, Gisela Porras, aceptó la renuncia de Del Cid y le propuso el contrato de consultoría No. 9-2009 en la oficina de proyectos del despacho superior. Del Cid renuncia el 20 febrero luego que el Mici envía el comunicado vinculándola indirectamente al error del SGP+.

Con Elia Marelisa Tribaldos las condiciones no fueron aclaradas por el Gobierno, pero este diario conoció que Tribaldos goza de “fuero maternal”, por lo que el Mici tendría que asumir el pago de un año de salarios para poder declarar el cese de sus funciones, algo que representaría un costo de más de 45 mil dólares.