En lo próximos tres años, Panamá tendrá dentro de su presupuesto la pesada carga de pagar 23 millones de dólares en concepto de indemnización al consorcio venezolano panameño Van Dam & Sosa y Barbero.

A inicios del 2001, un arbitraje internacional condenó al Estado panameño a pagar 23 millones de dólares por la paralización de la construcción de un segundo puente sobre el Canal de Panamá en 1983.

“Panamá tiene que cumplir con esa deuda”, afirmó el ministro de Economía y Finanzas, Norberto Delgado.

El ministro dijo que ya recibió la resolución del arbitraje en donde se le indica que la República de Panamá tiene que hacer frente a esa responsabilidad. Los pagos deberán hacerse en plazo detres años.

En el 2002, el Gobierno hará un primer pago de 7 millones de dólares. Los montos para el 2003 y el 2004 aún faltan por definir. “Panamá incumplió con el contrato y tiene que pagar por los daños y perjuicios causados ”, explicó Delgado.

Por el caso Van Dam fueron acusados tres ex presidentes de la República: Ernesto Pérez Balladares, Aristides Royo y Ricardo de la Espriella. También se acusó al ex legislador Oydén Ortega. El Gobierno de Mireya Moscoso programa la construcción del puente en los próximos dos años.

Después de mi artículo de hace dos semanas, me ocurrió algo que no esperaba, pero que me parece justo compartir para que aprendamos que no todo es como se pinta. Resulta que en la enumeración de actos de corrupción que hice basado en lo que mi malvada memoria me decía, incluí (cómo ignorarlos) algunos de los chanchullos que ocurrieron durante los 21 años de dictadura militar, cuando se hacía y deshacía sin control alguno. Eso sumado a la censura de la prensa escrita generaba el ambiente perfecto para que la corrupción hiciera su fiesta en cada uno de los proyectos gubernamentales. De todos los que mencioné (y olvidé algunos) quiero referirme particularmente a lo que definí como “el desfalco del puente Van Dam”.

Al día siguiente de mi artículo recibí una respetuosa carta de parte de la empresa que supuestamente se haría cargo de la construcción del dichoso puente. Dicha carta venía acompañada de una serie de documentos referentes al citado caso. Igualmente, varias personas me contactaron durante la semana en relación con el mismo comentario, todas en el mismo sentido.

Para comenzar, el caso del puente Van Dam no se ha probado que sea un desfalco. De hecho, la empresa que construiría tuvo pérdidas importantes basada en que el Presidente de aquel momento y su gabinete decidieron suspender la obra porque “la situación económica de Panamá no era buena”. Esta decisión se dio después de que una parte del proyecto ya se había completado, lo cual había ocasionado gastos que, aparentemente, nunca fueron resarcidos.

Después de recibir la mencionada documentación me di a la tarea de investigar más en detalle los antecedentes y hechos que rodearon el proyecto del “segundo puente sobre el Canal” y que data de 1980. En aquel año, el todopoderoso general Torrijos, en una conversación con el presidente de Venezuela Carlos Andrés Pérez (sí ya sé, Dios los da y ellos se juntan), le propuso que su país financiara la construcción de un segundo puente sobre el Canal. Pérez accedió, pero con la condición de que el puente sería fabricado por una empresa venezolana y construido por una panameña. El financiamiento correría a cargo del Fondo de Inversiones de Venezuela. En la información sobre el caso, no está claro si se realizó una licitación para el proyecto o solamente para la parte de diseño, que fue adjudicada a la empresa inglesa Cleveland Bridge Engineering y que sigue reclamando su pago. La fabricación de la estructura metálica del puente correría a cargo de la empresa venezolana Empresas Metalúrgicas Van Dam y la construcción del puente la llevaría a cabo la panameña Sosa & Barbero Constructores. La inspección de la obra sería responsabilidad de Constructora Lakas, S.A., lo cual siempre se ha dicho que fue pagado, aunque nunca se realizó la obra.

En 1981 se inició la construcción, y poco después murió en aquel misterioso accidente Omar Torrijos. El presidente en funciones, Aristides Royo, padeció un fatídico dolor de garganta que le costó el cargo y fue reemplazado por el vicepresidente Ricardo De la Espriella, quien canceló el proyecto, en vista de que los trabajos se habían atrasado y que, según noticia publicada en La Prensa, “en Caracas hacían eco los desmanes en la administración de las obras del puente”.

Desde entonces, alrededor del finado puente Simón Bolívar (que así se llamaría) se ha ido tejiendo una intrincada red de maniobras y recursos legales. En dichos recursos, el consorcio Van Dam, Sosa y Barbero solicitó una indemnización por los gastos generados por el proyecto y que ya habían sido desembolsados al suspenderse la obra. Igualmente se iniciaron procedimientos legales para definir responsabilidad penal de los miembros del gabinete que fueron responsables de la decisión de no construir el puente. Durante todos esos años, se dieron varios sobreseimientos temporales y definitivos, seguidos de sus correspondientes apelaciones, que prolongaron el proceso por casi 15 años. En 1995, el Presidente de aquel momento fue exonerado de culpa por la Corte Suprema de Justicia, puesto que había sido mencionado en el proceso como ministro de Hacienda del gabinete que ordenó detener la construcción.

Ya en democracia, la empresa constructora siguió interponiendo recursos solicitando la indemnización correspondiente. Una comisión de arbitraje de la Cámara de Comercio falló a favor de la constructora, condenando al Estado panameño a pagar cerca de 25 millones de dólares en concepto de indemnización.

Según noticias aparecidas en el Panamá América en abril de 2003, el expresidente Pérez Balladares cuestionó la construcción del puente Centenario, alegando que hubiera sido mucho más barato pagar por las piezas existentes del puente Simón Bolívar y no construir un puente completamente nuevo. A dicho cuestionamiento, el Ministro de Obras Públicas se refirió a las estructuras de metal que aún reposan en algún hangar en Venezuela, como “un montón de hierros viejos”. Algunas fotos que han sido publicadas de dichas estructuras, apoyan la opinión del ministro.

El caso es que hay un fallo contra el Estado panameño para pagar una indemnización desde hace casi 15 años y ningún gobierno desde entonces la ha honrado. Las razones para esa negativa son desconocidas oficialmente. Ojalá no sea que alguien quiere una comisión. Tristemente, los antecedentes propician esos malos pensamientos…