El expresidente Ricardo Martinelli, sobre quien pesa una orden de detención provisional para que comparezca en la causa que se le sigue por los pinchazos en su  gobierno (2009-2014), ha clamado ser un “perseguido político” y que el proceso judicial obedece a una “venganza” de su sucesor Juan Carlos Varela.

No obstante, la orden de detención girada la noche del lunes, 21 de diciembre, fue adoptada por un pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), en el que cinco de los nueve magistrados fueron designados por Martinelli y ratificados en una Asamblea controlada, en aquel entonces, por la bancada de su partido Cambio Democrático (CD).

Se trata de Luis Ramón Fábrega, Hernán De León, Abel Zamorano, Wilfredo Sáenz –suplente de Harry Díaz- y Secundino Mendieta –en remplazo de José Ayú Prado-. Los otros cuatro participantes son Harley Mitchell, Nelly Cedeño, Oydén Ortega y Luis Mario Carrasco, todos designados en el gobierno del perredistaMartín Torrijos (2004-2009).

Varela tampoco designó a Harry Díaz, el magistrado fiscal de la causa. Lo hizo Martinelli, en cuyo gobierno Díaz actuó por lo menos una docena de veces como viceministro de Finanzas encargado. Díaz es hermano del ministro de Salud de aquel entonces, Javier Díaz.

En lo que respecta a Jerónimo Mejía –el juez de garantías que declaró a Martinelli en rebeldía y que tendrá ahora que gestionar la orden de detención- llegó a la Corte en el gobierno de Torrijos y no se le conoce relación alguna con Varela o su partido Panameñista.

Los abogados del exmandatario –y él mismo, a través de las redes sociales- alega que se le ha violado el derecho a una legítima defensa y al debido proceso. Su equipo legal -en el que figuran exministros, exfiscales y hasta un exprocurador general de la Nación- ha interpuesto diferentes recursos legales: desde una solicitud para recusar a cinco de nueve magistrados y una advertencia de inconstitucionalidad contra el artículo 206 de la  Constitución. El pleno advirtió que la norma solo permite presentar una advertencia por instancia. La semana pasada la defensa introdujo un amparo de garantías constitucionales contra  una decisión adoptada hace más de dos meses por el magistrado fiscal.

La defensa también lo ha intentado fuera de Panamá. En abril, dos diarios propiedad del exgobernante divulgaron que la Comisión Interamericana  de Derechos Humanos (CIDH) “admitió” la “demanda” que -según ellos- presentó el abogado Sidney Sittón contra el Estado panameño debido a irregularidades –que dice él– existen en las investigaciones seguidas a su cliente. Prontamente el secretario general de la CIDH, Emilio Álvarez Icaza, negó que dicha entidad haya admitido la presunta acción de Sittón.

Harry Díaz también ha sido blanco de los cuestionamientos de Martinelli y su defensa. Según el expresidente, Díaz está siendo «presionado» por el gobierno actual. Éste replicó que no se dejará manipular ni intimidar.

« Las actuaciones dentro del proceso en el cual me ha correspondido fungir como fiscal se encuentran apegadas a derecho, y cada escrito presentado por la fiscalía está debidamente motivado y fundamentado. Sus abogados, a lo largo del proceso han hecho uso de diversos recursos legales, contando además con las copias de la carpeta que contiene la investigación adelantada en su contra, situación que es de conocimiento público«, respondió Díaz a Martinelli, en una contestación pública divulgada a través del sitio web del Órgano Judicial.

Por su parte, las víctimas de los pinchazos reclaman que no se ha prestado atención “al fondo del problema”: que en el gobierno pasado se interceptaron las comunicaciones privadas de unas 150 personas, entre empresarios, periodistas, dirigentes de la sociedad civil, sindicalistas y políticos opositores a Martinelli.

“Cada vez que dicen que no hay elementos de juicio, sentimos que se nos están violando nuevamente nuestros derechos”, señala Balbina Herrera, excandidata presidencial del Partido Revolucionario Democrático, y víctima de los pinchazos.

Entre los interceptados también está Rosendo Rivera, quien coincidentemente fue abogado de Martinelli en la demanda que éste presentó contra Herrera, por divulgar los correos electrónicos en el que el italiano Válter Lavítola negociaba la venta de equipos de seguridad, por $250 millones, al gobierno panameño.

En la audiencia del pasado lunes, Herrera contó que entre la comunicación que se le interceptó está aquella relacionada con su estrategia de defensa en la demanda que le puso Martinelli, proceso que culminó con una condena de 36 meses de cárcel, de los que ha cumplido 32.

Rivera es ahora querellante en la causa que adelanta el magistrado fiscal Díaz.

Por los pinchazos, el 7 de marzo de 2016 serán enjuiciados los exdirectores delConsejo de Seguridad Nacional, Alejandro Garuz y Gustavo Pérez, ambos detenidos preventivamente desde enero pasado. Garuz es, además,  consuegro de Martinelli. El testimonio de Pérez forma parte del escrito de acusación que presentó Díaz el 9 de octubre pasado, en el que atribuye a Martinelli la supuesta comisión de los delitos de inviolabilidad del secreto  y el derecho a la intimidad, y contra la administración pública (peculado).

De ser hallado culpable, enfrentaría hasta 21 años de prisión.