Vigentes, activas o en funcionamiento están las licencias de marinos otorgadas a raíz de procesos irregulares o fraudulentos entre 2011 y 2014, después de las evaluaciones o assessment aplicados por Orion Maritime Training Center.

Decenas de oficiales de marina navegan con este documento en los barcos de la flota panameña, la más grande del mundo, con más de 8 mil buques y unos 300 mil marinos de distintas nacionalidades. Y las acciones por detener el uso de estas licencias han sido insuficientes, por lo que admiten las mismas autoridades y advierte la industria marítima local.

Orion se creó en 2010, a los pocos meses de llegar a la presidencia de la República, Ricardo Martinelli y casi inmediatamente después fue autorizado por la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), que tenía al frente a Roberto Linares como administrador, para dictar diferentes cursos de formación marítima, entre ellos, los llamados assessment, de manera exclusiva.

El assessment es una evaluación que Orion les hacía a los marinos que laboraban en el registro de naves de Panamá para que pudieran renovarles sus licencias. El marino, primero recibía un certificado transitorio por tres meses mientras le aprobaban la licencia definitiva por cinco años en la AMP. El solicitante debía pagar entre $3 mil y $5 mil, según denunciaron algunos marinos.

Los primeros documentos que emitió Orion han ido venciendo, pero aún están vigentes los que se aprobaron entre 2012, 2013 y 2014, según confirmaron representantes de los marinos. Un ejemplo clásico es la certificación del propio exgerente de Orion Maritime Training Center, Iván Ernesto Karica, que está vigente, según aparece en el listado de documentos de la AMP. La certificación número 11 GO602150 fue emitida el 18 de abril de 2013 en Filipinas y expira el 17 de abril de 2018.

Además de haber otorgado la exclusividad a la empresa, excluyendo a los 20 centros de formación restantes que había en ese momento, según las investigaciones preliminares, Orion utilizó los consulados panameños para tramitar assessments, incluso, sin que los solicitantes recibieran capacitación formal o práctica.

La empresa examinaba, titulaba y certificaba a la gente de mar para lograr una licencia, que según la denuncia de los gremios de marinos, se hacía sin que tuviera garantía de suficiente formación, como la exigida en los centros de estudios formales para marinos.

De acuerdo con la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), entidad encargada de regular el sector, se desconoce el número de licencias otorgadas por Orion. Así las cosas, tampoco es posible saber cuántas de las licencias están activas.

“Orion Maritime Training Center no entregó durante la auditoría realizada por la AMP la cifra exacta del número de licencias emitidas, ni los registros que permitieran determinar con certeza el número de gente de mar que efectuó las evaluaciones de competencia”, explicó la entidad. Añadió que, justamente, fue esta una de las razones que motivaron su cancelación definitiva.

Aseguró la AMP que actualmente todos los centros de formación autorizados son supervisados y auditados en base a los requisitos establecidos por el Convenio de Formación, Titulación y Guardia de la Gente de Mar STCW’78, enmendado.

Según la AMP, se exigen los reportes y registros de cada formación que es impartida, con una segunda verificación durante el proceso de evaluación de las aplicaciones para la obtención de las licencias de marinos y oficiales, “lo que ha permitido elevar la credibilidad internacional en los procesos de documentación de la gente de mar”.

Sin embargo, la Asociación Panameña de Oficiales de Marina (APOM) considera que la emisión de los assessment por parte de Orion le hizo mucho daño al país y a la profesión de marino, porque se llegó al extremo de vender certificaciones sin haber ido a un centro de enseñanza.

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Pero más allá de esa irregularidad, también se puso en riesgo la seguridad de la navegación internacional al permitir el ingreso de personal certificado sin que tuviera la capacitación adecuada y que aún siguen a bordo, señaló el presidente del gremio, Clemente Forero.

Según la denuncia que presentó la APOM a finales de 2014 en el Ministerio Público, la resolución que autorizó a Orion a expedir licencias vino a legalizar las acciones de corrupción que se cometían anteriormente, desde los tiempos de la fatídica Marine Exam en los años 80 y luego en 2001, cuando el entonces secretario general de la Federación Internacional de Trabajadores del Transporte (ITF, por su sigla en inglés), David Cockroft, pudo obtener una licencia de marino en Panamá con solo enviar por correo una fotografía, sus datos y 4 mil dólares, sin tener los requisitos, lo cual fue denunciado a nivel internacional, causando serios problemas al registro panameño.

DENUNCIA ESTANCADA

Luego de dos años de haber presentado la denuncia ante el Ministerio Público, el abogado Donaldo Sousa Guevara, representante legal de la APOM y miembro honorario de este gremio, se preguntó que cómo es posible que haya pasado tanto tiempo y no haya habido ningún llamamiento a juicio sobre las acciones de Orion.

Casi un año después, la AMP presentó la denuncia ante el Ministerio Público.

“Nosotros fuimos los primeros que denunciamos esto y no estamos contentos con el desarrollo de las investigaciones, porque desde hace tiempo debieron haber llamado a juicio a los responsables”, dijo Sousa.

Reconoció la acción de la AMP de cancelarle la licencia a la empresa, pero recalcó que es necesario que se sancione a los responsables de haber autorizado la operación de esa empresa y a los representantes de la compañía que otorgó esas licencias de manera irregular.

Sousa informó que en la última reunión de la APOM se le autorizó para darle seguimiento a la denuncia presentada ante el Ministerio Público y que busca responsabilidades penales y administrativas.

“Aquí lo que se está viendo es quiénes son los responsables, pero ya la AMP determinó que las licencias fueron dadas de forma irregular. Entonces, son dos cosas diferentes, quiénes fueron responsables y que las licencias fueron otorgadas de forma ilícita”, dijo.

La emisión de licencias o títulos de competencia es una facultad de la AMP a través de la Dirección General de Gente de Mar. Actualmente, para obtener una licencia, se requiere el estricto cumplimiento de los requisitos estipulados en el convenio STCW’78, enmendado, y la normativa nacional que lo desarrolla, la cual ha sido debidamente revisada e implementada por esta administración, indicó la AMP.

La institución verifica las aplicaciones por licencias vencidas que fueron tramitadas a través de Orion y si cumplen los parámetros para ser renovadas. Sin embargo, se suspendió la posibilidad de que gente de mar extranjera pudiera optar por un ascenso, es decir, un rango superior al ya adquirido a través de la evaluación de la competencia ( assessment) que fue realizada por Orion.

Al ser consultada sobre por qué no se ha dado a conocer el resultado de la auditoría realizada por la AMP, la institución respondió que “los resultados de las auditorías realizadas a Orion por esta administración marítima, forman parte de una investigación que realiza el Ministerio Público, quienes son los responsables de investigar los hechos denunciados”.