Faltan cuatro días para que prescriba la denuncia que por el supuesto delito electoral por mal uso de partidas circuitales,por un monto de más de $403 millones, a cargo de los 71 diputados de la Asamblea Nacional, de la pasada administración (2009-2014), presentara el abogado Ernesto Cedeño, el 15 de diciembre de 2014.

La denuncia fue interpuesta ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ), única instancia facultada para investigar y juzgar a miembros del Órgano Legislativo. Sin embargo, el Órgano Judicial, en una resolución fechada el 12 de marzo de 2015, estableció que le correspondía a la Contraloría General de la República realizar los auditos.

De un informe del Ministerio de Economía y Finanzas, fechado el 3 de diciembre de 2014, se desprende que el Estado distribuyó $403 millones 496 mil entre todos los miembros del Órgano Legislativo, en el período citado.

En marzo de 2015, el Ministerio Público compulsó copias de la denuncia de Cedeño a la Corte Suprema de Justicia, para que se investigara a 71 diputados de la pasada administración de gobierno.

Desde 1966, el gobierno panameño le ha asignado y ejecutado cuantiosas partidas a los diputados, dirigidas a tareas comunitarias.

Sin embargo, contrario a ello, este año la CSJ se ha negado a admitir una denuncia presentada por el mismo jurista Cedeño contra el diputado y presidente de la Asamblea Nacional, Rubén De León, por los supuestos delitos de manejo irregular de las partidas del Órgano Legislativo, aduciendo la falta de la prueba sumaria.