El Tribunal de Cuentas ordenó secuestrar bienes y cuentas bancarias del exrector de la Universidad de Panamá Gustavo García de Paredes, por $3.2 millones, señalado de causarle perjuicios económicos al Estado con la construcción de los Centros de Innovación, Desarrollo Tecnológico y Emprendimiento.

Son siete laboratorios tecnológicos en sedes regionales universitarias cuyo costo pasó de $750 mil a $2.2 millones cada uno. “Se evidenció que Gustavo García de Paredes Aued, como rector de la Universidad de Panamá, firmó la adenda No. 2 […] la cual incluyó actividades duplicadas por B/.2.9 millones […] no se ubicaron documentos relativos a estudios preliminares sobre la necesidad, criterios técnicos, estudios de factibilidad…”, indica el auto de secuestro.

La medida alcanzó también a nueve directores universitarios y al Consorcio Innovación Educativa, a cargo del proyecto. Sin embargo, no se encontraron bienes a nombre de García de Paredes.

Exrector, sin bienes a su nombre

El exrector de la Universidad de Panamá Gustavo García de Paredes se libró de la medida dictada por el Tribunal de Cuentas de cautelar sus bienes por 3.2 millones de dólares, ya que no posee ninguno a su nombre.

La institución ordenó “decretar el secuestro sobre los bienes muebles e inmuebles, dineros, cuentas de ahorros, corrientes a plazo fijo y/o cajillas de seguridad”, según el auto 407-2016 de diciembre pasado, a solicitud de la Fiscalía General de Cuentas.

Además del exrector, a otros nueve directores universitarios y a Allan Figueroa, representante del Consorcio Innovación Educativa, también les ordenó el secuestro de sus pertenencias, tras una auditoría de la Contraloría General de la República que detectó irregularidades calculadas en 3.5 millones de dólares en la construcción y equipamiento de los Centros de Innovación, Desarrollo Tecnológico y Emprendimiento (Cidete), ubicados en siete sedes universitarias regionales.

“Se evidenció que Gustavo García de Paredes Aued, como rector de la Universidad de Panamá, firmó la adenda No. 2 […], la cual incluyó actividades duplicadas por B/.2.9 millones; así como omisiones en la etapa de planificación y preparación del diseño, planos y especificaciones en los siete Cidetes, además de que no se ubicaron documentos relativos a estudios preliminares sobre la necesidad, criterios técnicos, estudios de factibilidad […], lo que ocasionó un perjuicio económico al Estado por B/.3.2 millones […]” indicó la Fiscalía General de Cuentas, según dicho auto.

La medida busca “evitar que los procesados realicen o ejecuten actos que pongan en riesgo o impidan la recuperación del perjuicio causado…”, agrega el documento.

¿SIN CONTROLES?

Se reportaron actividades duplicadas por 2.9 millones de dólares, omisiones en la etapa de diseño por 290 mil dólares, mobiliario faltante por 9 mil dólares, y equipos defectuosos, así como la carencia de programas informáticos por 234 mil dólares, lo que suma 3.5 millones de dólares, añade el informe; aunque, como se indicó, la orden de secuestro de los bienes de García de Paredes fue por 3.2 millones de dólares.

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La Prensa tuvo acceso a cartas que revelaron cómo se incrementó el costo de estos centros. Primero, un asesor advertía a la UP que los planos de construcción de dichos Cidete tenían, al menos, 16 carencias. Ante esto, el consorcio responsable de su construcción respondió que había hecho las “correcciones”. No obstante, la UP aprobó incrementar a 6.5 millones de dólares el precio original del contrato por los cambios que el contratista había descrito como “correcciones”.

Por ende, los siete laboratorios tecnológicos pasaron de costar 750 mil dólares a 2.2 millones de dólares cada uno, producto del encarecimiento del valor inicial y una posterior adenda, lo que finalmente sumaría un total de 15 millones de dólares.

Además, se hicieron contratos de “consultoría” para inspeccionar las edificaciones de estos centros, por casi 1 millón de dólares.

El Consorcio Innovación Educativa, a cargo de la construcción de los Cidete, está compuesto por cuatro empresas: Lyric Electronics Ltd., S.A., Ses Scientific Educational Systems, Ltd., S.A., Construcciones Arpa, S.A. y Eduholding, S.A., a las cuales el Tribunal también les aplicó el alcance, por 3.2 millones de dólares a cada una.

Esta última empresa –Eduholding, S.A.–estuvo vinculada a un escándalo por sobreprecio en la compra de sillas para planteles educativos el año pasado.

Se preguntó a García de Paredes por el secuestro y los Cidete, pero no hubo respuesta, pese a que a través de una de sus hijas, se comprometió a contestar.

García de Paredes ostentó la administración más extensa de la UP, con 19 años de gestión administrativa.